El Congreso aprobó la nueva Ley General de Aguas que impone reglas drásticas sobre el uso y concesión del agua en México, generando una ola de rechazo y furia en el sector agrícola.
La reforma endurece las condiciones para el uso del agua: elimina la posibilidad de transferir concesiones, regula estrictamente su uso y establece un nuevo capítulo de “delitos hídricos” con sanciones que pueden alcanzar hasta 8–10 años de cárcel para quienes extraigan, desvíen o usen agua sin autorización.
Para los pequeños y medianos productores, esto significa perder la garantía de heredar o vender sus tierras con su derecho al agua. Muchos advierten que sus propiedades perderán valor y que la producción podría volverse inviable.
La reacción del campo ha sido inmediata: cientos de agricultores preparan protestas, bloqueos de carreteras, cierres de garitas y manifestaciones distintas a las ya vistas. El llamado es claro: rechazar la ley o defender “el último clavo al ataúd” del agro mexicano.
Para el Gobierno, la iniciativa representa una “reestructuración necesaria” de un sistema obsoleto, busca acabar con el acaparamiento, proteger el agua como derecho humano y restaurar la rectoría estatal sobre el recurso. Pero para muchos campesinos, la medida equivale a un ataque directo contra su modo de vida.
👉 La batalla por el agua no es nueva… pero ahora se juega con leyes, cárcel y tierra de por medio. El país podría vivir una crisis agraria sin precedentes.